Estados Unidos alertó a las autoridades chilenas sobre una serie de ciberataques tras detectar actividad maliciosa en las redes de empresas de telecomunicaciones del país, entre ellas Entel, Movistar y Telmex. Los antecedentes permitieron a la Policía de Investigaciones (PDI) presentar una acción judicial ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que abrió una investigación por el eventual delito de sabotaje informático.
El informe de inteligencia estadounidense fue entregado el 12 de febrero de este año por el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, al entonces ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. La entrega se dio en medio de la polémica por el denominado “cable chino”, el proyecto de conexión submarina que el Gobierno del Expresidente Gabriel Boric aprobó y luego rechazó, episodio que derivó en que Estados Unidos revocara la visa del entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
La amenaza detectada fue identificada bajo el nombre clave de “Lilac Typhoon”, que corresponde a un actor malicioso que, según registros públicos de Microsoft, estaría vinculado al gobierno de China.
Según los reportes, en el caso de Movistar se detectó actividad asociada al grupo cibercriminal desde septiembre de 2024, mientras que Entel y Telmex también figuran como entidades afectadas o potenciales víctimas. Los documentos mencionan además a la empresa Brotec Construcción Limitada entre los posibles blancos del mismo grupo.
Los informes detallan el uso de herramientas de acceso remoto de alta complejidad, entre ellas ShadowPad, un troyano vinculado históricamente a grupos de hackers chinos que permite a los atacantes ingresar sin autorización a los sistemas, extraer información y enviarla a servidores externos. Los documentos también advierten sobre la instalación de implantes informáticos diseñados para revisar y modificar archivos, vigilar procesos en ejecución y capturar pantallas en tiempo real.
En su momento, el embajador norteamericano había denunciado públicamente “incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros” que estarían “exponiendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular” (declaraciones de Brandon Judd citadas por 24horas.cl).
Ante el riesgo detectado, la administración estadounidense envió a las autoridades chilenas una serie de recomendaciones técnicas, entre ellas realizar un análisis forense exhaustivo para determinar el vector de entrada inicial a las redes, utilizar el marco MITRE ATT&CK para identificar patrones de conducta de los atacantes, restringir protocolos vulnerables en routers, desactivar servicios innecesarios y aplicar de forma rigurosa las listas de control de acceso.
La Brigada de Cibercrimen de la PDI se encuentra actualmente enfocada en la identificación de las direcciones IP involucradas, trámite que requiere autorización previa del Juzgado de Garantía antes de solicitar los datos a los proveedores de internet.
