Una investigación iniciada en mayo de 2026 por la Brigada del Cibercrimen de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial, culminó este miércoles con la detención de un sujeto de 18 años señalado como administrador de la plataforma “Rutify”. La estructura operaba desde la región de Coquimbo y se dedicaba a la extracción y comercialización ilícita de datos personales.
En declaraciones entregadas al medio Emol, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana detalló el modo de operación de la organización investigada, indicando que “se dedicaba a ciberataques en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, a sus sistemas informáticos, mediante acceso ilícito a estos sistemas”. Según el persecutor, la información obtenida era luego consolidada, sistematizada y puesta a disposición de terceros.
Entre las instituciones públicas afectadas, el fiscal mencionó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el Servicio Electoral (Servel), la Municipalidad de Las Condes, la Tesorería General de la República (TGR), el Instituto de Previsión Social (IPS), Fonasa y la Secretaría de Gobierno Digital. De acuerdo con Meganoticias, la investigación también identificó un acceso remoto encubierto instalado en el portal CDOMEX del Servel.
El jefe nacional del Cibercrimen de la PDI, subprefecto Marcelo Wong, explicó al medio La tercera cómo se logró acreditar la existencia de esta estructura, señalando que “a través del proceso de análisis de la unidad de Cibercrimen se logró acreditar esta estructura delincuencial en donde esta banda operaba a través de la obtención de bases de datos”. El subprefecto vinculó además el caso con las filtraciones de información reportadas desde abril y mayo de 2026.
El sujeto fue formalizado por accesos ilícitos a sistemas informáticos y por la receptación de los datos obtenidos mediante estos ataques. Debido a que era menor de edad al momento de cometer los delitos, quedó sujeto a las normas de responsabilidad penal adolescente, con arraigo nacional y sujeción a la vigilancia del Centro de Reinserción, sin internación provisoria.
El procedimiento contó con la participación coordinada de la Fiscalía Supraterritorial, la Brigada del Cibercrimen de la PDI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y las instituciones públicas y privadas afectadas. El fiscal Orellana destacó este trabajo conjunto entre distintos organismos durante la indagatoria.
Los delitos investigados corresponden a infracciones contempladas en la Ley N.º 21.459 sobre delitos informáticos, entre ellas acceso ilícito a sistemas informáticos, interceptación ilícita de datos, receptación de datos informáticos y fraude informático.
La Fiscalía y la PDI deberán ahora establecer la dimensión completa de la estructura criminal, identificar a eventuales nuevos integrantes y precisar el alcance real de la información expuesta o comercializada.
