Síntesis
El proyecto que regula la inteligencia artificial en Chile superó un nuevo paso en el Senado, donde fue aprobado en general y despachado a la Sala. Sin embargo, su contenido podría cambiar de forma importante, ya que el Ejecutivo prepara un modelo regulatorio distinto que todavía no presenta formalmente.
- La comisión aprobó la idea de legislar con cuatro votos a favor y ninguno en contra.
- El texto prohíbe usos como inferir emociones en colegios y trabajos o la vigilancia biométrica en tiempo real.
- Las infracciones gravísimas podrían recibir multas de hasta 20.000 UTM.
- El gobierno apuesta por un enfoque más flexible, pero su propuesta aún no llega al Congreso.
Noticia
La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado aprobó en general el proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA) en Chile. La votación se realizó el pasado lunes 26 de octubre, con la presencia de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
La iniciativa, que reúne los boletines 15869-19 y 16821-19 y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. En la instancia de este lunes, la propuesta obtuvo cuatro votos a favor de los senadores Rojo Edwards, Daniella Cicardini, Ricardo Celis y Andrés Longton, este último en reemplazo de su par Manuel José Ossandón.
Con este resultado, el proyecto pasa a la Sala del Senado para continuar su segundo trámite constitucional. La comisión propondrá además el 4 de diciembre como plazo para presentar indicaciones.
El texto clasifica los usos de la IA en cuatro niveles: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y sin riesgo evidente. Los del primer grupo quedarían prohibidos por sus posibles efectos sobre los derechos fundamentales.
Entre esos usos prohibidos están los sistemas que infieren emociones en colegios, lugares de trabajo, controles fronterizos y ciertos procedimientos penales. También se vetaría la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, la recolección masiva de rostros desde internet o cámaras, y la calificación social que genere discriminación.
Para los sistemas de alto riesgo, el proyecto exige gestión de riesgos, documentación técnica, protección de datos, ciberseguridad y supervisión humana. Si no cumplen estas exigencias, sus operadores deberán desactivarlos, suspenderlos o retirarlos del mercado.
La iniciativa obliga además a identificar los contenidos sintéticos, incluidos los deepfakes, y a informar a las personas cuando interactúan con una IA. Las infracciones gravísimas, como usar la tecnología en prácticas prohibidas, podrían recibir multas de hasta 20.000 UTM.
Las obligaciones alcanzarían a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores de sistemas de IA en Chile. También incluirían a operadores extranjeros cuyos resultados se utilicen en el país.
El texto aprobado podría cambiar de forma relevante. En mayo, la ministra de ciencia, Ximena Lincolao, presentó una propuesta inspirada en países como Japón y Singapur, que regula según el contexto de uso. Según el diario La Tercera, la indicación contempla certificaciones voluntarias y elimina sanciones específicas para la IA, en favor de las leyes ya vigentes.
Esa indicación sustitutiva lleva meses lista, pero todavía no ha ingresado al Congreso, lo que ha generado inquietud por los plazos legislativos. Por eso, la comisión votó el texto original despachado por la Cámara de Diputados.
