El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo de 400 millones de dólares con TikTok, ByteDance y entidades afiliadas para poner fin a un litigio sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA). Según el comunicado oficial, TikTok pagará 300 millones de dólares de forma inmediata y otros 100 millones adicionales cuando se anule un decreto de consentimiento previo dictado contra Musical.ly, la empresa predecesora de la plataforma.
El propio Departamento de Justicia calificó este acuerdo como una de las mayores recuperaciones económicas jamás obtenidas en un caso relacionado con la ley COPPA. La demanda había sido presentada en 2024 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, y fue derivada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) a la División Civil del Departamento de Justicia.
El fiscal general asociado, Stanley E. Woodward Jr., calificó la resolución como una victoria significativa para las familias estadounidenses. En el comunicado, el fiscal señaló que “esta resolución asegura una recuperación sustancial mientras refuerza las protecciones que las familias esperan y merecen”.
El fiscal general adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, remarcó la obligación legal de las plataformas frente a los datos de menores. Afirmó que “las compañías que recopilan información personal de niños deben cumplir con la ley”.
El Departamento de Justicia detalló que, desde que se presentó la demanda original, TikTok atravesó cambios relevantes en su propiedad, gestión y funciones de cumplimiento normativo. La empresa implementó nuevas medidas orientadas a reforzar las protecciones para usuarios menores de edad, mejorar los controles de verificación de edad y ampliar las herramientas de supervisión parental.
El comunicado oficial precisó que esos avances de cumplimiento contribuyeron a fortalecer las protecciones para millones de familias estadounidenses y ayudaron a motivar la resolución del caso. El Departamento de Justicia sostuvo que el acuerdo permite obtener una recuperación económica significativa evitando la demora y la incertidumbre de un litigio prolongado.
El propio documento del Departamento de Justicia aclaró que las reclamaciones resueltas mediante este acuerdo constituyen únicamente alegaciones, y que no ha habido una determinación formal de responsabilidad por parte de un tribunal. El comunicado, publicado el pasado 21 de agosto, fue actualizado respecto de una versión anterior según indica el propio organismo.
