En una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda durante la mañana de este martes 26 de marzo, se realizó la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad y de las Infraestructuras Críticas de la Información, así como el lanzamiento oficial de la Política Nacional de Ciberseguridad.
Durante la actividad se destacó la importancia de la nueva ley que permitirá mantener un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, para el beneficio de las personas e instituciones, y además se promovió la política nacional que está orientada en la protección y defensa de las personas, el avance en las oportunidades para todas las personas y el fortalecimiento de la democracia.
El objetivo principal de la ley es establecer un modelo de gobernanza basado en la gestión de riesgos y la implementación de estándares de seguridad digital para las instituciones públicas y privadas.
La ceremonia comenzó con las palabras de Karin Quiroga, académica y asesora del directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, instancia en la que también participa NIVEL4.
En sus palabras, la académica destacó que se trata de la primera ley de este tipo en América Latina, lo que es una necesidad en la sociedad hiperconectada y digitalizada en la que vivimos, donde la ciberseguridad es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos y la preservación de la soberanía nacional. También resaltó que la ley, como la política, recogieron diferentes perspectivas de las distintas instancias en la que participaron muchos actores civiles. Por último, indicó que esta ley era altamente esperada por las empresas privadas y los organismos públicos, porque ayudará a incrementar el nivel desarrollo de éstos en la materia.
Enseguida, hizo uso de la palabra la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien indicó que la ley fue fruto de un proceso virtuoso que nuestro país ha tenido para enfrentar los riegos de las ciberamenazas, en “una dimensión de nuestra vida -el mundo digital donde se han multiplicado la diversidad, gravedad y sofisticación de delitos y ciberataques que se cometen, que impactan en nuestra vida y nuestros derechos”, indicó.
La ministra también hizo referencia a la transversalidad del proyecto, destacando que el mismo fue enviado al Congreso bajo el mandato del fallecido Ex-Presidente Sebastián Piñera, y que el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric hizo indicaciones al mismo durante su tramitación legislativa.
Pese a todas las vicisitudes, propias de las discusiones partidarias, la autoridad destacó que el proyecto contó con un apoyo transversal de los diferentes actores de la política nacional, y repasó los avances normativos en esta materia, como la anterior promulgación de la ley de delitos informáticos, la continuación de la política nacional o la reciente creación de la subsecretaría de gobierno digital.
Tras la intervención de la Ministra, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el acto de firma que promulga la ley, acompañado de varios integrantes de su gabinete. Luego del procedimiento de rigor, la primera autoridad hizo uso de la palabra en referencia a la nueva ley y destacó el espíritu de unidad respecto a este proceso.
Su excelencia, destacó que esta fue una legislación compleja en término de convocatorias, dado que fueron en total diez ministerios los que de una u otra manera intervienen o se ven directamente involucrados en el tema.
El Presidente hizo hincapié en que los riesgos y las ciberamenazas que existen el mundo digital “no pueden paralizarnos”, sino que deben ser enfrentados y deben ser reconocidos, haciendo alusión a la continuidad operativa cuando ocurren incidentes y la no divulgación de muchos de estos por parte de las víctimas.
El Presidente también mencionó en su alocución, que avanzarán en brevedad para la implementación total de los diferentes aspectos a los que hace referencia la ley y destacó que esta ley es parte de un proceso que Chile ha abordado desde un punto de vista de Estado.
Por último, mencionó que la ley regulará diversos servicios públicos y privadas, los que deberán aplicar medidas y cumplir estándares nuevos.