Doce entidades interpusieron el viernes pasado reclamos de ilegalidad contra una resolución de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (Anci) publicada en el Diario Oficial el pasado 24 de julio, informó el diario La Tercera esta semana. El documento aprobó la segunda etapa de la nómina que las identificó como Operadores de Importancia Vital (OIV) en materia de ciberseguridad.
Según el medio, acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago tres faenas mineras de Antofagasta Minerals —Zaldívar, Antucoya y Centinela, del grupo Luksic—, además de Copec, del grupo Angelini, y UC Christus, que administra el hospital clínico de la Universidad Católica y la clínica San Carlos de Apoquindo. Todas acusan que el proceso no consideró sus observaciones y que la calificación las expone a multas de hasta 40 mil UTM, unos US$3,1 millones.
La minera Zaldívar argumentó, respecto de la línea eléctrica de su operación, que ésta “no transmite energía eléctrica al público en general ni opera líneas nacionales” (cita recogida por La Tercera). La minera sostuvo además que un eventual incidente de ciberseguridad no afectaría al sistema eléctrico general, sino a lo sumo a sus procesos productivos internos.
Copec, que recibió el 31 de julio un expediente electrónico de 374 páginas sobre su calificación, cuestionó que no contuviera fundamentos propios de la agencia, de acuerdo con lo señalado por el diario La tercera. La empresa citó el apagón nacional del 25 de febrero de 2025 como prueba de que sus plantas operan con sistemas locales independientes.
UC Christus, incluida en el listado preliminar de abril, afirmó según La Tercera que la agencia “no explicitó criterio ni antecedente alguno” para justificar su inclusión y que la consulta pública quedó “desprovista de efectividad real”. La entidad de salud advirtió que cumplir con la ley exige comprometer recursos de forma indefinida.
El listado elaborado por la ANCI y publicado el 24 de julio, sumó 239 entidades de sectores como combustibles, agua, transporte, electricidad y salud, en la segunda de dos etapas de definición del proceso.
Consultada por La Tercera, la ANCI respondió que los reclamos son “parte del proceso creado por la Ley Marco de Ciberseguridad” y que se trata de “un flujo absolutamente normal” (cita recogida por La Tercera).
Las doce entidades tenían un plazo de 15 días hábiles desde el 24 de julio para presentar sus reclamos.
