20 oct. 2026 5 mins lectura

Síntesis

El Senado chileno dio el primer paso para retrasar la entrada en vigencia de la nueva ley de protección de datos personales. El Gobierno argumenta que empresas e instituciones necesitan más tiempo para adaptarse y que la Agencia encargada de fiscalizarla aún no está constituida.

  • La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto del Ejecutivo.
  • La ley de datos personales comenzaría a regir íntegramente el 1 de diciembre de 2027.
  • El consejo de la futura Agencia pasaría de tres a cinco miembros.
  • La discusión en particular definirá si la postergación será total o escalonada.

Noticia

La Comisión de Constitución del Senado de Chile aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes, la idea de legislar del proyecto que modifica aspectos específicos de la Ley 21.719 de protección de datos personales. La votación se realizó el lunes 19 de octubre y abre paso a trasladar la entrada en vigencia de la norma desde el 1 de diciembre de 2026 al 1 de diciembre de 2027.

Pese a la aprobación a la idea de legislar la postergación de la ley, su contenido aún debe discutirse y votarse en particular, aunque la iniciativa no modifica las obligaciones de fondo de la ley.

En lo fundamental, el texto eleva de tres a cinco los integrantes del Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales y sube de dos a tres el quórum para sesionar y decidir. La nómina requerirá el respaldo de dos tercios del Senado, aunque se entenderá aprobada si la corporación no se pronuncia dentro del plazo legal.

Otro de los puntos de la propuesta indica que los consejeros tendrían periodos de seis años con renovación parcial cada dos años, por lo que el primer grupo se nombraría con mandatos escalonados de dos, cuatro y seis años. Además, quedarían sujetos a exclusividad desde su nombramiento, para dedicarse a instalar el organismo.

El proyecto también permite que, durante el primer año de vigencia, la Agencia aplique una amonestación escrita en lugar de una multa a cualquier responsable de datos, y no solo a empresas de menor tamaño. Se trata de una facultad del organismo, no de una exención automática.

En la sesión de este lunes, en representación del gobierno expuso el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, quien actuó como ministro subrogante. Koehler reconoció que la implementación de la ley “ha sido compleja” y agregó que “requiere un cambio que es de cultura”.

El subsecretario argumentó que, con tres consejeros, aún no nombrados, el organismo podría no reunir quórum. También señaló que el Gobierno ha recibido decenas de consultas de empresas y pidió considerar la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En la sesión también expuso el exsenador y académico Felipe Harboe, coautor de la ley y hoy abogado asesor de empresas, quien propuso mantener el 1 de diciembre de 2026 para que los principios, derechos, obligaciones e instalación de la Agencia puedan comenzar, y propuso aplazar solo un año las facultades de fiscalización y sanción. Ese periodo intermedio serviría para una adecuación asistida, sin multas, lo que abrió el debate a la idea de un comienzo escalonado de la ley.

Harboe advirtió que una postergación total podría afectar la aspiración de Chile de obtener una decisión de adecuación de la Unión Europea (reconocimiento de que el país protege los datos con un nivel equivalente al europeo). También pidió revisar la calificación de los datos socioeconómicos como sensibles, por su impacto en el sector financiero.

En la intervención de los miembros de la comisión, la senadora Claudia Pascual planteó revisar cómo se ratifican los consejeros y qué ocurre si el Senado rechaza una propuesta, para evitar que los nombramientos sigan frenando a la Agencia.

Por su parte, y ante la posibilidad de un inicio escalonado de la ley, el senador Andrés Lonton comentó que esto podría generar que los tribunales pudieran decidir ciertas cuestiones que le son propias a la Agencia en caso de presentarse denuncias durante ese período.

El presidente de la comisión, senador Pedro Araya, explicó que el trabajo se limitará a revisar la propuesta del Gobierno para aplazar la ley y ampliar el consejo de la Agencia. Sin embargo, aclaró que la duración de la postergación todavía no está definida y que la comisión deberá decidirla. Para acelerar ese debate, el Ejecutivo ingresó urgencia de discusión inmediata.

Los asesores parlamentarios y el Ministerio de Economía redactarán indicaciones sobre tres puntos: si la prórroga será total o escalonada, un mecanismo para destrabar los nombramientos del consejo y ajustes al cronograma de instalación.

Cabe consignar que faltan menos de 40 días para que comience a regir la norma original, proyectada para el próximo 1 de diciembre.