El Ministerio Público de Chile, junto a nueve organismos públicos y representantes del sector privado financiero, constituyó este 17 de agosto la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional. La instancia busca reducir la incidencia de delitos económicos y financieros mediante un ecosistema de cooperación entre instituciones.
Las organizaciones que integran la Mesa son la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco del Estado de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile, dependiente de la Universidad de Chile, además del propio Ministerio Público.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, explicó que la creación de la Mesa representa la decisión de construir un sistema de respuesta integrado, capaz de anticiparse a las amenazas, identificar patrones criminales, fortalecer la prevención, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal de quienes buscan enriquecerse mediante el engaño.
Según indicó el Fiscal Valencia, desde 2024 el número de notificaciones y difusiones de INTERPOL relacionadas con estafas ha aumentado un 54%. Sobre la situación en el país, la autoridad indicó a los medios nacionales que en nuestro país “el Ministerio Público ha podido detectar un aumento sostenido de cifras de fraude a nivel nacional, los delitos de uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero y estafas y otras defraudaciones contra particulares representan el 22% de los delitos ingresados durante el periodo 2025, con más de 305.959 causas incrementando exponencialmente en relación con los años anteriores”.
El comunicado de la Fiscalía describe el fraude moderno como un fenómeno cibernético, transnacional y sofisticado que representa una amenaza a la seguridad nacional e internacional debido a su digitalización masiva, y que ha evolucionado hacia una economía criminal organizada que explota medios de pago y manipula la ingeniería social a escala industrial. Entre las variantes de estas defraudaciones informáticas se incluyen el fraude con redirección de pagos o compromiso de correo corporativo (BEC), la instalación de malware, el phishing, los fraudes con tarjetas de crédito, las estafas de plataformas de inversión en línea, los fraudes románticos y las ofertas laborales falsas.
La secretaría técnica de la Mesa quedó a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, quien coordinará el intercambio sistemático de información estadística y técnica entre las instituciones participantes. Entre las acciones comprometidas figura la creación de una plataforma de intercambio de información sobre fenómenos criminales, reportes de tendencias y datos agregados sobre fraudes financieros, que será administrada por el Ministerio Público, además de propuestas de reformas legislativas y estrategias públicas de prevención y comunicación.
La iniciativa se enmarca en los acuerdos surgidos de la Cumbre Mundial contra el Fraude 2026, realizada en Viena, donde se reconoció la necesidad de adoptar medidas coordinadas frente a una amenaza transnacional que, según los organismos participantes, erosiona la confianza, desestabiliza las economías y amenaza el estado de derecho.
