De acuerdo a lo indicados por varios medios nacionales, el gobierno está en conversaciones con parlamentarios para postergar en un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobada por el Congreso en agosto de 2024. La normativa debe comenzar a regir el 1 de diciembre de 2026, pero el Ejecutivo evalúa trasladar esa fecha para diciembre de 2027.
La ley establece obligaciones exigentes para servicios públicos y empresas en el tratamiento de datos personales, además de reconocer derechos a los titulares de esa información. Contempla un régimen de sanciones que va desde 5 mil hasta 20 mil UTM, montos que podrían triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales de una empresa en casos de reincidencia.
El obstáculo central es que la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), el organismo encargado de fiscalizar la ley, aún no comienza a funcionar. Esta debía estar operativa a más tardar el 1 de junio de 2026, pero el Senado rechazó en mayo la terna propuesta por el ejcutivo para encabezar su consejo directivo.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó el proceso que evalúa el Ejecutivo. En comentarios entregados al diario La Tercera, la autoridad comentó que “si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”.
Según diversos medios que han cobertura a la noticia, la idea del gobierno es que la agencia comience a operar el 1 de diciembre de este año, y que la ley entre en vigencia un año después. El anuncio oficial del proyecto de postergación se esperaba para la semana siguiente a la publicación de la información, aunque el plazo definitivo aún depende del respaldo que consiga en el Congreso.
No todos los actores políticos respaldan la medida. En comentarios entregados a La Tercera, el senador Matías Walker, del partido Demócratas, advirtió que sería negativo postergar la ley “por la falta de capacidad del poder político de ponerse de acuerdo” en la conformación del consejo fiscalizador. El parlamentario adelantó que no será parte de lo que calificó como “negligencia” en la aplicación de la ley aprobada por el mismo Congreso.
Además de aplazar la vigencia, el gobierno evalúa ajustes para viabilizar la instalación de la agencia, como aumentar de tres a cinco el número de consejeros y elevar sus remuneraciones. Un informe de la comisión asesora ministerial de 2025 había señalado que los sueldos previstos por la ley —$7,1 millones para el presidente del consejo y $6 millones para los consejeros— estaban muy por debajo del promedio de jefaturas de organismos fiscalizadores comparables. La nueva propuesta elevaría las cifras a entre $12 y $13,5 millones de pesos.
