El Gobierno señaló esta semana que estudia postergar la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales, cuya aplicación está fijada para el próximo 1 de diciembre de 2026, debido a dificultades para conformar la institucionalidad que debe fiscalizar su cumplimiento.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que el tema fue tratado en una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y su equipo, y explicó “estamos trabajando con la Segpres. Hoy día (martes 4 de agosto) tenemos una reunión para tomar la decisión de qué hacemos en definitiva. Hay un montón de formalidades que están pendientes de definir y es lo que vamos a hablar precisamente con el ministro”, esto, de acuerdo con declaraciones recogidas por Emol.
La normativa, aprobada en 2024, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y regula la forma y las condiciones en que se realiza el tratamiento de datos personales, elevando los estándares de protección en línea con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Se aplica a personas naturales, jurídicas y órganos del Estado que realicen tratamiento de datos personales, y establece una serie de obligaciones y multas de hasta UTM 20 mil —cerca de 1.400 millones de pesos— además de sanciones más severas por reincidencia en infracciones graves y gravísimas para grandes compañías, aunque contempla un artículo transitorio que otorga a las pequeñas y medianas empresas 12 meses de gracia una vez que entre en vigor la regulación.
El principal obstáculo para la implementación de la ley es la falta de consejeros para el Consejo Directivo de la futura agencia, encargada de dictar normas e instrucciones y de ejercer la labor de fiscalización y sanción. El Ministro Mas reconoció a Emol que ese proceso ha sido complejo, e indicó que «ha costado encontrar a las personas que integren el consejo. Hemos tenido un par de sesiones en la comisión específica al respecto y hoy día lo vamos a hablar con el ministro».
La cuenta regresiva para la entrada en vigor de la norma preveía que para junio se resolvería la designación de los consejeros, pero durante mayo el Senado rechazó la terna propuesta por el ejecutivo para integrar el Consejo Directivo del organismo.
El Diario Financiero, citando fuentes del Ejecutivo, indicó que el gobierno ingresaría esta semana al Congreso una moción para modificar algunos aspectos de la ley, y las definiciones pendientes se abordarían en la reunión entre los equipos técnicos de Economía y la Segpres, cuyas conversaciones ya estarían bastante avanzadas. El Gobierno deberá resolver si opta por retrasar la entrada en vigencia de toda la ley o únicamente la puesta en marcha de la Agencia de Protección de Datos Personales.
Fuentes cercanas a la materia señalaron a Diario Financiero que el proyecto del Ejecutivo incluiría la nómina de los tres consejeros, que de acuerdo con el texto actual deben tener dedicación exclusiva a su cargo para evitar conflictos de interés. Sin embargo, la moción establecería una excepción que les permitiría no tener dedicación exclusiva durante el período previo a la entrada en vigor de la ley.
Hasta la redacción de esta nota, no había información pública sobre el ingreso de dicha norma al Congreso para su tramitación.
