El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 26 de agosto de 2026 la Orden Ejecutiva 14420, que declara una emergencia nacional para proteger el “bulk-power system” (Red eléctrica troncal) del país, es decir, la red de transmisión eléctrica de alto voltaje. La medida invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Emergencias Nacionales.
La orden prohíbe la adquisición, importación, transferencia o instalación de equipos eléctricos de origen extranjero cuando exista interés de un país extranjero o de sus nacionales en la transacción. La prohibición aplica a reactores, transformadores, generadores, sistemas de control industrial, relés de protección y otros componentes de subestaciones y plantas generadoras, incluido su software y firmware asociado.
El texto del decreto describe el riesgo que busca prevenir indicando que “ciertos actores extranjeros están creando y explotando cada vez más vulnerabilidades en el sistema eléctrico de alta tensión de los Estados Unidos, que proporciona la electricidad que sustenta nuestra defensa nacional, los servicios de emergencia vitales, la infraestructura crítica y la economía”.
El Departamento de Energía, en coordinación con la Oficina de Gestión y Presupuesto y en consulta con los departamentos de Defensa, Comercio, Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia Nacional, será responsable de evaluar las transacciones prohibidas. La orden advierte que el equipo extranjero podría contener puertas traseras digitales que permitan a un país extranjero acceder remotamente a la infraestructura.
Además de bloquear nuevas transacciones, la orden faculta al secretario de Energía para imponer condiciones sobre equipos ya instalados antes de la fecha del decreto, incluyendo su aislamiento, monitoreo, reemplazo o desconexión. Antes de ordenar cualquier desconexión, el funcionario deberá considerar los efectos sobre la confiabilidad del suministro y la disponibilidad de reemplazos seguros.
El decreto también instruye elaborar, en un plazo de 120 días, una lista de equipos y proveedores precalificados como exentos de la prohibición, así como identificar qué países merecen mayor escrutinio. En paralelo, se ordena revisar el Reglamento Federal de Adquisiciones para priorizar la compra de infraestructura energética fabricada en Estados Unidos.
La medida se produce después de una serie de incidentes recientes contra infraestructura crítica. Ese mismo miércoles en que fue firmado el decreto, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) informó que había observado actividad cibernética maliciosa dirigida a más de 100 sistemas expuestos a internet en el sector de agua y aguas residuales.
El presidente Trump justificó la decisión citando advertencias previas de su primer mandato sobre el sistema eléctrico, indicando que en su anterior gobierno constató “que el sistema eléctrico de alta tensión podría ser objetivo de quienes buscan cometer actos maliciosos contra los Estados Unidos, incluidas actividades cibernéticas maliciosas, debido a los importantes riesgos que un ataque exitoso supondría para nuestra economía, la salud y la seguridad humanas, y la defensa nacional”.
Aunque la orden no atribuye oficialmente los incidentes recientes a ningún país, Estados Unidos ha responsabilizado en el pasado a actores informáticos rusos y chinos por ataques contra infraestructura crítica.
