La ciudadanía podrá opinar desde este 16 de septiembre y durante 30 días de corrido sobre la lista de instituciones clave para la ciberseguridad nacional.
La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) dio inicio este martes 16 de septiembre a la consulta pública destinada a recoger observaciones ciudadanas en el proceso de calificación de los Operadores de Importancia Vital (OIV), en el contexto de la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad (N.º 21.633). Esta etapa permitirá que tanto personas naturales como jurídicas comenten sobre el listado preliminar y propongan nuevas instituciones que consideren relevantes para la seguridad digital del país.
“La ANCI invita a participar activamente en este proceso, que constituye un paso clave para avanzar hacia una seguridad digital más robusta y resiliente para el país”, señaló la entidad en un comunicado que compartió esta mañana, e invitó a las personas interesadas a participar en la consulta, la que estará disponible desde este 16 de septiembre y durante 30 días corridos en el portal oficial https://portal.anci.gob.cl.
El proceso de precalificación incluyó a 1.712 entidades públicas y privadas de sectores estratégicos como energía, salud, telecomunicaciones, servicios digitales, servicios financieros y organismos del Estado. Estas instituciones fueron identificadas por su rol crítico en la continuidad operativa del país y su posible impacto ante eventuales incidentes cibernéticos.
Para elaborar esta nómina preliminar, la ANCI evaluó a unas 60 mil entidades de un universo estimado de tres millones, utilizando informes técnicos solicitados a organismos reguladores sectoriales. Con base en esa información, se construyó el primer listado oficial de OIV.
La distribución por categoría agrupa 307 organizaciones de generación, transmisión o distribución eléctrica; 748 corresponden a empresas identificadas como infraestructura digital y servicios TI de terceros; 326 a instituciones de salud (hospitales, clínicas y centros médicos); 147 a organismos de la Administración del Estado; 111 entidades de la banca, servicios financieros y medios de pago; 21 empresas públicas creadas por ley; y 52 que pertenecen al sector de las telecomunicaciones.
Según lo establecido por la Ley N.º 21.633, esta consulta pública es un paso obligatorio del procedimiento de calificación. A través de este mecanismo, la ciudadanía puede proponer correcciones o agregar instituciones que, a su juicio, también deberían ser reconocidas como operadores vitales.