A principios de esta semana fueron detenidas cuatro personas involucradas en el fraude informático que afectó a la entidad bancaria y significó una pérdida de $6.100 millones de pesos.
El pasado lunes 21 de octubre fueron formalizados cuatro imputados que estarían involucrados en el millonario fraude informático que afectó a BancoEstado, cuyo monto ascendió a los $6.100 millones de pesos.
Esto ocurre tras una denuncia por fraude realizada el pasado 24 de julio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y como resultado de una querella presentada en el mismo juzgado en contra los presuntos responsables el lunes 2 de septiembre.
Desde la entidad bancaria indicaron que se dieron cuenta de los hechos tras revisiones regulares realizadas por la Contraloría interna del banco, las cuales detectaron “la existencia de hechos graves que serían constitutivos de delito informático”.
En la querella el Banco amplió la denuncia por delitos informáticos, lavado de activos y asociación ilícita en contra de quienes resulten responsables.
A partir de ahora, la investigación quedará a cargo del fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.
Tal como lo señalamos en una noticia anterior, los ilícitos se extienden en un período que va desde octubre de 2021 hasta julio de 2024, y entre los principales implicados se encuentran dos ex jefes del área de sistemas, identificados como Luis Aranda y Francisco del Pino, además de Paulo Vio, dueño de la empresa “S2S” y que prestaba servicios informáticos al banco, además de Leidy Ferrer Suárez, quien jugaba un rol en el blanqueo de los capitales sustraídos.
Francisco Del Pino le habría ofrecido a Luis Aranda explotar una vulnerabilidad en la que se encontraba el banco tras el ciberataque sufrido en 2021 y que llevó a la paralización de cientos de sucursales en el país.
El pasado 19 de julio, Luis Aranda, por entonces aún funcionario del banco, prestó declaración en la investigación interna, autodenunciándose y reconociendo que él, en conjunto con un ex trabajador del banco (Del Pino) habrían quebrantado la seguridad del banco incorporando archivos informáticos “txt” en el “inyector” de fondos que abona el dinero masivamente a través de un “canal” o “carretera”, método con el cual lograron sustraer la enorme cantidad de dinero.
En el caso de Paulo Vio, su empresa recibió $5.500 millones de pesos, que luego era repartido entre los otros involucrados en cuentas personales y de terceros. Vio admitió haber participado del ilícito, pero señaló que, a partir de 2022, cuando notó que las transferencias eran más altas, habría intentado anular la operación en comunicación con el ejecutivo de cuentas.
De acuerdo a la investigación interna, el esquema utilizado por Del Pino y Aranda para inyectar fondos fue indetectable por la entidad entre 2021 y 2022. En 2023 un analista de la sección back office del Banco informó a las áreas operativa y comercial sobre la existencia de diferencias contables irregulares por casi $500 millones, pero sus observaciones no lograron ser atendidas. Fue la autodenuncia de Aranda la que permitió esclarecer los hechos, los que ahora serán investigados por el Fiscal Carrasco.