La operación de inteligencia habría sido ordenada durante la administración de Jair Bolsonaro y fue ejecutada por Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en contra funcionarios del gobierno paraguayo para obtener información sobre las negociaciones sobre la represa binacional de Itaipú.
El medio brasileño UOL dio a conocer hace algunos días atrás una operación de espionaje informático ejecutado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en contra de funcionarios del gobierno de Paraguay en busca de información confidencial relativa a las negociaciones tarifarias sobre la central hidroeléctrica de Itaipú, de la que ambos países son propietarios.
Según el medio, el ataque informático logró infiltrarse en los equipos de “cinco o seis” funcionarios paraguayos vinculados directamente a esas discusiones, y con el objeto de acceder a información confidencial relacionada con las tarifas de la energía producida por Itaipú y con la renegociación del anexo C, una parte clave en la relación energética bilateral.
Tras la revelación de los medios, el gobierno del presidente Lula da Silva confirmó que la Agencia de Inteligencia Brasileña habría desarrollado una operación de espionaje sobre Paraguay por orden del gobierno de Jair Bolsonaro desde marzo de 2022, pero que habría sido suspendida semanas después de tomar posesión la nueva administración.
La situación ha tensionado la relación diplomática entre ambos países, al punto que gobierno de Paraguay decidió llamar a consultas a su embajador en Brasil, presentó una nota formal pidiendo explicaciones detalladas a Brasil y abrió una investigación propia sobre lo ocurrido.
Adicionalmente, el gobierno de Paraguay suspendió todas las negociaciones relacionadas con hidroeléctrica Itaipú “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes”, sostuvo el canciller de paraguayo Rubén Ramírez, quien además calificó el incidente como “una violación del derecho internacional” y sostuvo que el gobierno de su país tomará “todas las medidas necesarias para resguardar los altos intereses de la República del Paraguay”.
Brasil y Paraguay son copropietarios de la central hidroeléctrica Itaipú, establecida en el río Paraná y que inició sus operaciones en 1984. La central es una de las más grandes del mundo, y se encuentran negociando las condiciones financieras de la explotación de la usina.
Pese a lo anterior, el gobierno de Paraguay decidió que las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú continuarán una vez que se esclarezcan los hechos relacionados con el ciberespionaje a autoridades paraguayas.
El anexo C regula, entre otros puntos, la venta de excedentes de energía de Paraguay a Brasil, la que históricamente se ha hecho a precios preferenciales. Ambos países habían acordado en 2023 aumentar la tarifa a 19,28 dólares por kilovatio/mes, y firmaron un documento preliminar para permitir que Paraguay pueda vender parte de su energía en el mercado brasileño.
Por su parte, el Ministerio Público del Paraguay abrió una causa penal por las presuntas acciones de espionaje digital por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), por los delitos de acceso indebido a datos, acceso indebido a sistemas informáticos e interceptación de datos.
De acuerdo al Ministerio Público, la apertura de la causa permitirá además evaluar la pertinencia de requerimientos de cooperación internacional, en el marco de la Convención sobre Ciberdelincuencia, suscrita por Paraguay y Brasil.