Tal como se había anticipado en semanas anteriores, la tarde de este martes el gobierno finalmente ingresó al Senado un proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.719, norma que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
La ley, despachada por el Congreso en agosto de 2024, tenía fijada su entrada en vigor para el 1 de diciembre de este año 2026. El proyecto ingresado con suma urgencia posterga esa fecha hasta el 1 de diciembre de 2027, con el fin de “contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación”, según el comunicado del Gobierno citado por el diario La Tercera.
Uno de los motivos detrás de la postergación es que la Agencia de Protección de Datos Personales aún no está instalada, pese a que la propia ley estableció que debía estar operativa a más tardar el 1 de junio de 2026. Gremios de grandes empresas ya habían advertido previamente sobre la falta de certeza jurídica generada por este retraso.
El proyecto también aumenta la integración del Consejo Directivo de la Agencia, llevándolo de tres a cinco consejeros, y eleva de dos a tres el quórum mínimo para adoptar acuerdos. El propio mensaje presidencial justifica el cambio señalando que la actual composición “resulta insuficiente para el adecuado y oportuno ejercicio” de las competencias que la ley entrega al organismo.
El biministro de Economía, Daniel Mas, defendió la postergación aclarando que no busca debilitar la protección de los datos personales. “No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”, declaró la autoridad a diferentes medios nacionales.
En materia de sanciones, la iniciativa establece un nuevo régimen de infracciones con multas que fluctuarían inicialmente entre 358 millones de pesos (5 mil UTM) y 1.400 millones de pesos (20 mil UTM). Estos montos podrían triplicarse, o llegar hasta el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una empresa, si la Agencia detecta conductas reincidentes o agravantes.
El proyecto también modifica el uso de las amonestaciones por escrito. Durante el primer año de vigencia de la ley, la Agencia podrá aplicar este tipo de advertencia a todos los regulados, sin distinción de tamaño, antes de recurrir a sanciones económicas.
El mensaje presidencial recalca que el objetivo del proyecto es “fortalecer la nueva institucionalidad, permitir una correcta implementación de esta y otorgar a los responsables de datos un período razonable” para adecuarse a las nuevas exigencias legales.
