Chile renueva su Política Nacional de Ciberseguridad

Tras nueve meses de trabajo, el Comité Interministerial de Ciberseguridad entregó la nueva propuesta de la Política Nacional de Ciberseguridad, la que mantiene sus cinco ejes estructurales, pero da un mayor énfasis en la protección de los derechos de las personas e introduce una gobernanza para coordinar acciones de ciberseguridad en los sectores público y privado.

El Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en su calidad de Presidente del Comité Interministerial de Ciberseguridad (CICS), fue el encargado de anunciar la nueva versión de la Política Nacional de Ciberseguridad (PNCS) que regirá para el período 2023-2028.

El trabajo del Comité Interministerial de Ciberseguridad, integrado por las subsecretarías de Interior, General de la Presidencia, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Energía, Economía, Telecomunicaciones y de Minería, además de la Agencia Nacional de Inteligencia y el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, se extendió por cerca de 9 meses y se planteó como objetivo renovar la versión original de la Política lanzada originalmente el año 2017, bajo la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet y continuada por los Presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Le corresponderá a este último revisar y promulgar la nueva política, la que, al igual que en la versión anterior, considera cincos ejes:

Infraestructura resiliente: Chile dispondrá de una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad, bajo una perspectiva de gestión de riesgos.

Derechos de las personas: El Estado protegerá y promoverá la protección de los derechos de las personas en Internet, apelando al fortalecimiento de la institucionalidad existente en materias de ciberseguridad y de la generación, adopción, y promoción de los mecanismos y las herramientas tecnológicas suficientes para que cada persona pueda integrarse a la sociedad y desarrollarse y expresarse plenamente.

Cultura de ciberseguridad: Chile desarrollará una cultura de la ciberseguridad en la educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, y promoción y garantía de los derechos de las personas.

Coordinación nacional e internacional: El Estado creará una gobernanza pública para coordinar las acciones necesarias en ciberseguridad, tanto del sector público como privado. En el ámbito internacional, el Estado se coordinará con países, organismos, instituciones, y otros actores del exterior, a fin de que Chile enfrentar de mejor manera las actividades maliciosas e incidentes que se generan en el ciberespacio.

Fomento a la industria y la investigación científica: El país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad, y fomentará la focalización de la investigación científica aplicada en temas de ciberseguridad.

Las principales novedades con respecto a la versión anterior están en un mayor énfasis en la protección de la personas y en la incorporación de forma transversal el enfoque de género, con especial atención a mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y disidencias sexogenéricas, foco prioritario de la actual administración y que se verá reflejado en el Plan de Acción propuesto.

La otra gran novedad es la definición de la gobernanza de ciberseguridad, algo que no estaba explicitado en la versión anterior, y que permitirá coordinar de mejor manera las acciones necesarias en torno a riesgos y amenazas de incidentes de ciberseguridad en el sector público y privado.