El contrato se extenderá por 12 meses, período en el cual se estudiará el impacto que podrían tener las IA en la mejora de la productividad en el ámbito público, así como sus eventuales riesgos.
El Ministerio de Hacienda contrató el pasado 17 de mayo los servicios de ChatGPT Plus, del proveedor de Inteligencia Artificial Open IA, por un plazo de 12 meses con miras a evaluar su uso para mejorar la gestión pública en el Estado.
La licencia anual de la plataforma, que permite hasta cuatro cuentas con asistencia técnica, tuvo un costo $996 mil pesos y será utilizada por el Laboratorio de Gobierno que depende del citado Ministerio.
Para justificar la compra del servicio, el Laboratorio de Gobierno argumentó que “se requiere la contratación” de ChatGPT porque se “encuentra alineada con el trabajo colaborativo de la institución, facilitando la generación de textos coherentes; el análisis y extracción de información; la revisión de líneas de código de programación; entre otros múltiples usos”.
La idea es probar el rendimiento de respuesta de esta IA en períodos de alta demanda, entre otros usos, los que, de ser positivos, podrían abrir la puerta a su implementación como herramienta de apoyo en el Estado.
La adopción de herramientas de IA como ChatGPT ha despertado gran popularidad e interés de su implementación entre las organizaciones, destacando en gran medida las ventajas que puede traer en la gestión de procesos.
En ese sentido, Orlando Rojas, director ejecutivo del Laboratorio, destacó que las herramientas de IA como ChatGPT “pueden ser útiles y efectivas para mejorar la productividad en el ámbito público, optimizando tiempo y recursos a través de la automatización de procesos, impactando directamente en el servicio entregado a la ciudadanía” y agregó que el principal foco de servicio contratado estará “en la transmisión del entendimiento de las inteligencias artificiales generativas hacia las y los funcionarios públicos que trabajan junto al Laboratorio, con el objetivo que puedan entender su uso y sus riesgos”
Sin embargo, esta herramienta también está generando un amplio debate en el ámbito de la ciberseguridad, especialmente en lo que respecta al tratamiento confidencial de los datos.
Sobre este último aspecto, el representante del Ministerio de Hacienda descartó el uso de ChatGPT para gestionar activos informáticos del Estado, indicando que “en lo que respecta a la confidencialidad, y como medida de cuidado preventiva, el Laboratorio de Gobierno no tratará datos personales ni sensibles en la plataforma”.
El hacker, de 19 años, también conocido como Alcasec, es el autor confeso tras un ataque al poder judicial español en octubre de 2022 y permanecía en prisión desde comienzos de abril pasado.