La instancia técnica que elaboró informes para la implementación de la Ley N.º 21.719 cerró su trabajo con recomendaciones estratégicas para el sector público y privado, destacando la necesidad de fortalecer la institucionalidad, anticipar la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales.
La Comisión Asesora Ministerial creada para apoyar la puesta en marcha de la Ley N.º 21.719 de Protección de Datos Personales presentó hace unos días atrás su informe final al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), lo que marca el cierre de uno de los primeros hitos en el proceso de adecuación de la nueva normativa de privacidad y resguardo de información personal.
La legislación, que moderniza el marco jurídico sobre el tratamiento de datos en Chile, debe entrar en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, después de un período de transición destinado a que organismos públicos y privados adapten sus procesos y estructuras para cumplir con los nuevos requisitos.
En su informe, la Comisión detectó desafíos institucionales y técnicos, y consignó una serie de recomendaciones para facilitar que la futura Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) cumpla eficazmente sus funciones de fiscalización, orientación y sanción. Entre los principales puntos señalados está la necesidad de fortalecer la institucionalidad, dotar a la agencia de recursos humanos y financieros suficientes, y anticipar su instalación antes de la fecha límite prevista, de modo que su equipo pueda dictar normas, establecer procedimientos y habilitar canales de atención con antelación.
El informe también aborda aspectos técnicos de la aplicación de la ley en ministerios, servicios públicos y municipalidades, proponiendo una hoja de ruta coordinada por la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda mediante orientaciones y guías técnicas que faciliten la implementación. Además, se incluyeron recomendaciones complementarias para armonizar criterios normativos y promover criterios comunes en el sector público.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, destacó la importancia de esta etapa, subrayando que la protección de datos no solo resguarda derechos fundamentales de las personas, como la privacidad y la seguridad de la información, sino que además sienta las bases para generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones, lo cual es esencial en un contexto donde la democracia digital y las relaciones entre el Estado y los usuarios se intensifican con el avance de la tecnología.
Paralelamente, la Comisión y autoridades han señalado que la normativa pone especial énfasis en las transferencias internacionales de datos personales, estableciendo criterios técnicos y jurídicos para resguardar estándares de protección equivalentes cuando la información sea tratada fuera del país. Este es un punto clave para entidades que operan en mercados globales o que dependen de servicios en la nube y tecnologías extranjeras.
El trabajo de la Comisión se consolidó en cuatro informes técnicos que abarcan desde un diagnóstico funcional del estado de preparación institucional, hasta recomendaciones para la coordinación entre distintas entidades del Estado y la generación de marcos de referencia para el tratamiento de datos personales en distintas áreas de la administración pública.