La nueva Clave Única de Registro de Población biométrica (CURP) será obligatoria a partir de enero de 2026 e integrará huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica. El gobierno la presenta como un paso histórico en la autenticación ciudadana, mientras que especialistas alertan por ausencia de un marco legal robusto y un presupuesto definido para proteger los datos biométricos.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación mexicana (DOF), la CURP o Clave Única de Registro de Población biométrica, se convirtió en ley en ese país y será obligatoria desde enero de 2026 para realizar trámites en bancos, instituciones gubernamentales, de salud, seguridad y justicia. El documento incorporará huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y firma electrónica, además de contar con un código QR que facilitará la verificación en tiempo real.
La medida busca consolidar una Plataforma Única de Identidad que conectará registros como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Según el gobierno, esta innovación permitirá reforzar la autenticidad de la identidad ciudadana y combatir delitos como la desaparición forzada.
No obstante, su implementación genera cuestionamientos y algunos especialistas coinciden en que el proyecto carece de una infraestructura jurídica y financiera sólida. Respecto a lo último, el presupuesto asignado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para este proyecto asciende a 3 mil millones de pesos mexicanos, de los cuales hasta el 60% debería destinarse a proteger los datos biométricos. Sin embargo, en 2025 el gasto en Tecnologías de la Información y Comunicación se redujo en un 20% respecto de 2024, afectando especialmente las áreas de equipos y software, donde se concentran las soluciones de ciberseguridad.
Los especialistas también advierten que los riesgos no son solo técnicos, y apuntan al impacto de posibles filtraciones y el impacto irreversible que tendría un incidente de este tipo con factores de inherencia, como el iris, que es muy diferente a la implementación de una contraseña, porque las características físicas no pueden cambiarse.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han coincidido en que, sin un marco legal sólido y una infraestructura robusta, la centralización de datos biométricos podría derivar en vigilancia indebida, suplantación de identidad o filtraciones masivas.
El trámite de la CURP biométrica ya se encuentra en etapa piloto en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, donde los ciudadanos pueden obtenerla de manera gratuita. El gobierno prevé que a partir de febrero de 2026 el CURP podrá ser entregado en todo el país.