La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se vio obligada a detener sus sistemas tras un ciberataque ocurrido el pasado mes de noviembre. Tras la suspensión, la entidad habilitó canales alternativos para trámites mientras evalúa pérdidas, pero ha recibido duras críticas por su falta de respaldos.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) de Perú enfrenta una interrupción prolongada de sus sistemas tras detectar un incidente de ciberseguridad el pasado 12 de noviembre. Ese día, la institución ordenó a su personal apagar y desconectar todos los equipos, tanto presenciales como remotos, con el objetivo de “adoptar las medidas necesarias y los protocolos de seguridad respectivos, permitiendo salvar la integridad de la información”, según un comunicado difundido en diferentes medios de ese país.
La entidad dispuso la suspensión del uso de sistemas institucionales, el cierre temporal de la Mesa de Partes Virtual y la emisión de instrucciones para evitar cualquier conexión a internet. “Se dispone que todo el personal que realiza trabajo presencial apague y desconecte sus computadoras”, señaló la comunicación difundida entre los trabajadores. A los servidores que realizaban trabajo remoto se les indicó “no utilizar los sistemas informáticos relacionados con la entidad hasta nuevo aviso”.
Ante la imposibilidad de mantener los canales digitales, Sunafil habilitó dos correos electrónicos para la recepción excepcional de documentos: uno para Lima Metropolitana y otro para las regiones. El comunicado explicó que la medida buscaba garantizar derechos como el debido procedimiento y la atención a las solicitudes formales. La institución aseguró que toda documentación recibida sería registrada en el Sistema de Trámite Documentario y que los administrados recibirían constancias por correo electrónico.
Sin embargo, la caída de los sistemas se ha extendido por cerca de tres semanas, lo que ha generado preocupación entre trabajadores, empresas y organizaciones sindicales. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) advirtió que la paralización “afecta directamente a miles de trabajadores cuyas denuncias e inspecciones quedaron interrumpidas” y exigió que la entidad adopte “acciones inmediatas para restablecer la operatividad total de Sunafil”.
Durante el apagón digital los inspectores no han podido registrar ingresos, acceder a plataformas internas ni utilizar equipos asignados. Los trámites ingresados presencialmente tampoco han podido ser procesados con normalidad debido a la indisponibilidad de los sistemas. La CGTP alertó que la situación “genera el riesgo de impunidad frente a empresas que incumplieron la ley” y pidió una investigación para determinar responsabilidades.
En paralelo, Sunafil enfrenta cuestionamientos por un contrato destinado al servicio de copias de respaldo de información con la empresa Lotengo Perú S.A.C., la cual contaba con un solo trabajador registrado y cuya dirección no pudo ser confirmada. Pese a ello, la empresa acumulaba más de 20 contratos estatales. El servicio, según las investigaciones, no habría cumplido su función, pues durante el ataque del 23 de noviembre se habrían perdido alrededor de 200 GB de información, incluidos reportes de inspección laboral.
El incidente de Sunafil se suma a otros casos recientes en entidades públicas, como los reportados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Junta Nacional de Justicia. Por ahora, la superintendencia permanece aplicando medidas de contingencia mientras sus equipos técnicos continúan el proceso de diagnóstico y recuperación.