La propuesta, presentada originalmente por Rusia, fue aprobada el pasado jueves con una votación unánime, lo que marca un hito legal a nivel global para combatir el cibercrimen.
El pasado jueves 8 de agosto, Naciones Unides acordó el primer marco jurídico a nivel mundial que permite la lucha contra los delitos cibernéticos y el acceso a los datos.
El tratado, impulsado originalmente por Rusia, fue adoptado por el Comité Ad Hoc de la ONU sobre Delitos Cibernéticos y será presentado ante la Asamblea General para su votación en las próximas semanas, donde se espera que sea aprobado sin dificultades.
Este acuerdo es el resultado de tres años de negociaciones, que culminaron con una sesión final de dos semanas.
Ante la sorpresa de muchos analistas, Rusia también respaldó el tratado, esto pese a que previamente había expresado preocupaciones sobre el acuerdo.
Sin embargo, no todos mostraron su respaldo a la propuesta. Organizaciones de derechos humanos y grandes empresas tecnológicas coincidieron en criticar el acuerdo, argumentando que bajo este marco legal las autoridades de cualquier país podrían obtener pruebas electrónicas de otros países, además de solicitar datos a proveedores de servicios de Internet.
Aunque solo se discutieron unos pocos puntos del texto final votado el jueves, el tratado aprobado no difiere significativamente de versiones anteriores que generaron controversia porque, no previene el abuso de los poderes de investigación y acceso a pruebas digitales en el siglo XXI, y facilitaría una mayor vigilancia y acceso a datos personales, lo que podría afectar a la confianza de las personas y organizaciones en la tecnología digital, y podría poner en riesgo a las personas, señalan sus críticos.
Aunque existen otros acuerdos sobre cibercrimen, como la Convención de Budapest, que data de hace 23 años, no había hasta ahora un marco legal global discutido y aceptado por consenso entre todos los miembros de la ONU.
La Convención de Budapest no fue firmada por países como China, Rusia, India o Brasil, que albergan importantes organizaciones criminales en Internet.
Quienes apoyan el tratado, parecen inclinarse que, pese a no ser perfecto, el acuerdo es un avance importante en la lucha contra el cibercrimen, y que los Estados por primera vez están reconociendo que se trata de un problema global.