Tras ocho días desde su entrada en vigencia, la Comisión para el Mercado Financiero decidió suspender la entrada en vigencia de la medida que eliminaba el uso de tarjetas de coordenadas en el sector bancario y financiero. La nueva fecha para su implementación será el 1 de agosto de 2026.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció a través de un comunicado, que la eliminación de las tradicionales tarjetas de coordenadas como método de autenticación para pagos y transferencias electrónicas se postergará un año, hasta el 1 de agosto de 2026, dando así pie atrás a la medida que había entrado en vigor con el reciente cambio de mes. La medida, parte de la Norma de Carácter General N° 538 publicada en junio, también retrasa la entrada en vigor de la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), que exige el uso de al menos dos factores de verificación entre clave, dispositivo físico o digital, y biometría.
El regulador justificó la decisión señalando que “este plazo adicional busca que los emisores de medios de pago puedan implementar la transición hacia sistemas más robustos de autenticación, especialmente para usuarios intensivos en medios impresos, como los adultos mayores”.
La norma responde a modificaciones legales incorporadas en la ley antifraude con tarjetas, que obligan a eliminar mecanismos basados en datos impresos para la autenticación. Su objetivo, sostuvo Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF, es “mejorar los estándares de seguridad mediante los cuales las instituciones financieras identifican a sus clientes y prevenir de mejor manera los fraudes, alineando a Chile con estándares internacionales vigentes”.
Sin embargo, la medida generó rechazo, sobre todo entre personas mayores y organizaciones que trabajan por su inclusión digital. Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, fue consultado por Radio Biobío, Emol y el Diario Financiero, y comentó que “una vez más el sistema se olvida de las personas mayores y la inclusión digital queda en los discursos, pero no en la práctica” y recordó que solo un 5% de este segmento ha recibido capacitación tecnológica y muchos ni siquiera poseen teléfonos inteligentes.
En cartas a la prensa, varias personas denunciaron que la nueva exigencia los empuja a una “dependencia digital absoluta”. En lector de El Mercurio criticó la medida en una carta el editor preguntando “¿Y si mañana decidimos no usar celular? ¿Quedamos excluidos del sistema financiero, como parias digitales?”, misiva que logró generar amplio eco en un segmento de la población.
Desde la banca, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, también fue consultado por diferentes medios respecto al cambio, la resistencia y sus consecuencias, calificando como “razonable” el aplazamiento, pero pidió avanzar hacia una regulación “más flexible” que equilibre seguridad y acceso, considerando las distintas realidades tecnológicas de los clientes.
Pese a las críticas, propias de todo proceso de transición con naturales resistencias al cambio, la CMF insiste en que la medida es necesaria. Además de reforzar la seguridad en transferencias y cambios de datos personales, la norma exige a las instituciones financieras mantener informados a sus clientes y asegurarles acceso continuo a sus servicios durante el proceso.
La postergación otorga un año más para buscar soluciones inclusivas, pero también aplaza un cambio que, según el regulador, es clave para proteger a los usuarios frente al fraude financiero.