En sesión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se inició el debate del anteproyecto que introduce figuras como la suplantación de identidad digital, el acoso online y el ciberterrorismo.
La Asamblea Nacional de Ecuador, a través de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, presentó las líneas esenciales del anteproyecto de reforma del Código Penal orientadas a actualizar la tipificación de delitos informáticos y adaptar la normativa a las nuevas formas de criminalidad digital. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y contó con la participación de representantes del Ministerio Fiscal y de expertos internacionales.
Entre las conductas que el texto propone tipificar de manera explícita figuran el acoso online, la suplantación de identidad digital, el fraude electrónico, el sabotaje informático y el ciberterrorismo, así como disposiciones reforzadas para perseguir delitos de corrupción y tráfico de influencias cuando se utilicen medios digitales. Las piezas del anteproyecto buscan distinguir conductas para facilitar la aplicación de distintos grados de sanciones.
El abogado penalista español Juan Gonzalo Ospina, intervino como consultor internacional en la sesión pública y defendió la necesidad de una estructura punitiva que respete la proporcionalidad, proponiendo además, una arquitectura escalonada de penas, con niveles básico, agravado y especialmente grave que permitan a los jueces individualizar la sanción según la gravedad y el contexto de la conducta.
Otra propuesta destacada en las exposiciones fue la creación de una Unidad Central de Ciberseguridad del Ecuador, orientada a consolidar capacidades de investigación y coordinar cooperación internacional en materia de delitos tecnológicos.
Asimismo, se planteó la necesidad de establecer un marco legal que regule la cooperación judicial y operativa con grandes plataformas digitales para la conservación de pruebas y una respuesta más ágil a los requerimientos judiciales.
El debate puso énfasis en cerrar vacíos normativos que, según los intervinientes, dificultan la persecución eficaz de ilícitos cometidos por medios electrónicos o que aprovechan la infraestructura digital. También se destacó la importancia de capacitar a fiscales, jueces y unidades investigativas para aplicar los nuevos tipos penales y manejar evidencia digital conforme a las garantías procesales.
El anteproyecto, aún en trámite parlamentario, plantea cambios en la forma de tipificar y en la graduación de sanciones frente a delitos informáticos, así como medidas para fortalecer la coordinación internacional y las herramientas técnicas de investigación.
En paralelo, la Comisión de Seguridad Integral del órgano legislativo también está avanzando en el debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de la ciberseguridad que propone un enfoque estratégico y preventivo para proteger la infraestructura crítica, los activos digitales y la confianza digital, e incluye la adaptación de estándares internacionales, la capacitación y la articulación entre sectores.