La comisión asesora para la implementación de la ley de datos personales recomendó en su primer informe, adelantar en seis meses la entrada en vigor de la Agencia para entregar certezas jurídicas sobre la aplicación de la ley.
La Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley N°21.719 de Protección de Datos Personales emitió, el pasado mes de julio, su primer informe dirigido a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos. En el documento, liberado públicamente la semana recién pasada, la comisión formuló una serie de recomendaciones urgentes para garantizar la correcta instalación de la futura Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) y la entrada en vigor efectiva de la nueva normativa.
Uno de los puntos centrales del documento es la propuesta de adelantar la instalación de la APDP al 30 de junio de 2026, seis meses antes de lo previsto por la ley, que contempla hasta diciembre de 2026 como plazo límite. Actualmente, la ley establece un plazo de 60 días antes de su vigencia para iniciar operaciones, lo que la Comisión considera absolutamente insuficiente, por lo que la instalación temprana es esencial para que la Agencia emita directrices, normas y lineamientos indispensables para que tanto el sector público como privado puedan adecuarse a las nuevas obligaciones.
Entre las tareas críticas que deben estar operativas desde el inicio se incluyen la definición de estándares de seguridad de datos, adaptados a distintos tipos de tratamiento; la aprobación de cláusulas contractuales tipo para facilitar y regular las transferencias internacionales de datos; la definición de criterios de certificación y acreditación, con el fin de dar certeza a las organizaciones que deseen adherir a mecanismos de cumplimiento voluntario; y la implementación de un sistema robusto de notificación de brechas de seguridad, que permita a responsables y encargados de tratamiento cumplir con la ley y a los titulares estar informados de incidentes que afecten sus datos.
Otro aspecto relevante que plantea el informe de la Comisión es la insuficiencia presupuestaria y de personal prevista para la Agencia. El proyecto considera un presupuesto anual de $1.721 millones, con una dotación máxima de 30 funcionarios, lo que, según la Comisión, es desproporcionado frente a las competencias de fiscalización, sanción y promoción que la ley le otorga. Como referencia, entidades comparables como el Consejo para la Transparencia, la CMF o el SERNAC cuentan con presupuestos y plantas mucho más amplias, indicaron.
El informe también alerta sobre la necesidad de mejorar la estructura de remuneraciones del futuro Consejo Directivo de la APDP, ya que las cifras actuales son inferiores a las de organismos reguladores similares. La Comisión advierte que esta situación puede afectar la atracción de talento calificado, comprometiendo desde un inicio su efectividad y legitimidad.
Asimismo, se plantea la conveniencia de que la instalación de la Agencia sea colaborativa e interinstitucional, involucrando al Ministerio de Economía, la Dirección de Presupuestos y el Servicio Civil. Esto permitiría iniciar desde principios de 2026 el proceso de habilitación de infraestructura, oficinas, personal, sistemas tecnológicos y canales de atención ciudadana. La Comisión estima que, de esta manera, para diciembre de 2026 la APDP no solo tendría el marco legal vigente, sino también las condiciones mínimas para cumplir de inmediato con su mandato, lo que ayudaría a crear una credibilidad pública en torno a la Agencia, porque se podrá mostrar operativa desde el día uno, evitando una percepción de ineficiencia o falta de preparación.
La Comisión subraya que la falta de preparación y recursos adecuados puede generar un vacío regulatorio que afecte directamente la seguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas. Si no se adoptan las medidas propuestas, la ley corre el riesgo de transformarse en letra muerta, ya que la Agencia no contaría con las herramientas ni capacidades para ejercer sus atribuciones desde el inicio.
Finalmente, el informe concluye que la creación de la APDP es una oportunidad histórica para Chile, alineándolo con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR). Sin embargo, advierten, su éxito dependerá de que se asegure su anticipación, financiamiento suficiente, capacidad técnica y liderazgo institucional sólido.