La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional luego de ser aprobada de forma casi unánime en el Senado, fue calificada de suma urgencia por el ejecutivo.
Este miércoles se debía iniciar la discusión y votación particular del proyecto de ley que establece una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, la que fue calificada con suma urgencia por el ejecutivo.
La iniciativa, ingresada en la anterior administración del Presidente Sebastián Piñera, cuenta con un apoyo transversal en el espectro político y ha sido fuertemente impulsada por el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Pese a la urgencia, la materia no alcanzó a ser discutida en detalle en la sesión correspondiente porque se extendió el debate de otro proyecto fijado primero en la tabla de la comisión.
Lo que si fue objeto de debate fue el rol del Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, quien ya no representará al ejecutivo en la instancia, ello producto de una polémica en torno a antiguos mensajes en Twitter que el asesor publicó contra Carabineros de Chile en el contexto del estallido social.
El proyecto se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, y avanzó desde su discusión general a la particular, con la recepción de una serie de indicaciones enviadas por el gobierno, así como de los miembros de la comisión, los diputados Alessandri, Naveillán, Schalper y Longton, todas las cuales van en línea con lo expuesto por los expertos que han asistido a la comisión durante la discusión general del proyecto.
En el caso del ejecutivo, éste envió un total de 22 indicaciones, entre las cuales se destaca la definición de los servicios esenciales, los que se incluirían los sectores de telecomunicaciones; los servicios de infraestructura digital; los servicios de ciberseguridad; los de generación, transmisión y distribución eléctrica; los de producción de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles; los sanitarios y de suministro de agua potable; los servicios comerciales de transporte aéreo, ferroviarios y marítimos; los servicios portuarios; los aeroportuarios; los bancarios y financieros; los de administración de fondos previsionales, de fondos de cesantía y salud previsional; y los servicios de prestaciones de salud.
En el debate previo también tomaron parte representantes de diferentes organizaciones como la ONG Derechos Digitales, de la Asociación Chilena de Empresas Tecnologías de Información (ACTI), de Chile Telcos, Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AMCHAM), de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, de la Cámara Nacional de Comercio, de la Comisión para el Mercado Financiero, además de diferentes especialistas y académicos de universidades nacionales.
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