Se publica en diario oficial ley que consagra la internet como servicio público

white switch hub turned on

La ley permite al Estado subsidiar el acceso a Internet a familias y agrupaciones vulnerables que no puedan acceder a planes, obliga a las empresas a prestar servicios en todas las zonas donde exista cobertura y entrega facultades fiscalizadoras a la Subtel en caso de incumplimientos.

Desde este jueves 4 de julio Chile contará con una herramienta legal para garantizar la conectividad digital como un derecho básico para todos sus habitantes, esto porque fue publicado en el diario oficial la ley que establece Internet como servicio público.

La nueva legislación permitirá establecer mecanismos para subsidiar la demanda, lo cual ayudará a las familias que no puedan costear planes de internet.

Asimismo, posibilitará la creación de cooperativas de Internet para que grupos y organizaciones comunitarias puedan coordinarse y autoabastecerse de conectividad. Esta medida ayudará directamente a quienes están excluidos de la conectividad digital debido a la falta de cobertura en áreas residenciales.

Además, el proyecto de ley otorga una facultad presidencial que permite, anualmente y durante la discusión del Presupuesto, asignar un subsidio para el pago de servicios de Internet a los usuarios más vulnerables del país, esto en base al registrado en el Registro Social de Hogares (RSH) u otro instrumento adecuado que se establezca, todo lo cual se financiará con recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).

La legislación también tiene un alcance para las empresas de telecomunicaciones, en tanto que profundizará la obligatoriedad de éstas en la prestación de servicios de conectividad digital en todos los lugares donde tengan cobertura, eliminando el concepto zonas rojas como un limitante a la hora de llegar con servicios a determinadas zonas del país.

De igual manera, la nueva norma fortalecerá la labor fiscalizadora de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, incrementando las sanciones y multas por incumplimientos legales y regulatorios por parte de las empresas de telecomunicaciones.