La UNAB expulsó a una alumna y suspendió a otros estudiantes por su implicación en la explotación de su sistema de pagos. Ocho alumnos apelaron las sanciones, pero la Corte de Apelaciones respaldó la decisión de la entidad académica.
La Universidad Andrés Bello (UNAB) tomó severas medidas tras descubrir que un grupo de estudiantes de la carrera de Química y Farmacia vulneraron el portal de pagos de la universidad para alterar el monto de sus deudas estudiantiles.
El incidente, que tuvo lugar a fines de 2023, derivó en sanciones que van desde la suspensión semestral hasta la expulsión de los individuos involucrados.
La denuncia del incidente se originó gracias a una alerta anónima y desencadenó una serie de investigaciones que involucraron a 14 estudiantes.
Según los reportes oficiales de la UNAB, el incidente fue comprobado por el Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información, luego de que se detectara que varios estudiantes habían logrado modificar el monto de sus deudas. Uno de los casos más llamativos fue el de un alumno que redujo su deuda original de 984 mil pesos a solo 948 pesos, pagando esta última cantidad. Tras el hallazgo, la universidad inició un sumario interno el 3 de enero de 2024 y citó a los estudiantes para que entregaran su versión de los hechos.
De acuerdo con los testimonios obtenidos durante la investigación, surgieron dos versiones sobre cómo se había producido la alteración de las deudas. La primera apuntaba a una compañera, quien supuestamente les ofreció un beneficio mediante el cual podía reducir el monto de las deudas al resto. Se hablaba de un pago de solo una fracción de la deuda original, o incluso la eliminación total de la misma. La persona en cuestión tenía conocimientos sobre el funcionamiento interno de la universidad, incluso llegó a ser identificada como colaboradora de la UNAB en algún momento.
En contraste, otros estudiantes mencionaron a otra persona, quien les habría ofrecido una propuesta de pagar la mitad de la deuda y asumir él el resto. Esta versión también fue respaldada por varios implicados, aunque dos alumnas que apoyaban esta teoría no cooperaron al no presentar pruebas o testificar en el proceso.
Tras la recolección de todos los antecedentes, el 24 de enero, la universidad formalizó cargos contra 13 de los 14 estudiantes investigados. En consecuencia, se decidieron sanciones que variaban según el grado de implicación de cada estudiante: la expulsión de la universidad para la alumna que fue identificada como la principal responsable de vulnerar el sistema, y la suspensión de entre uno y dos semestres para el resto. Cabe destacar que uno de los estudiantes fue sobreseído por no haber participado en la alteración de los pagos.
Sin embargo, las sanciones no fueron aceptadas sin cuestionamientos. Ocho de los estudiantes involucrados, quienes estaban cursando su quinto año en la carrera de Química y Farmacia en la sede de Santiago, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que las sanciones eran ilegales y arbitrarias, solicitando que se anularan o modificaran. En su defensa, uno de los estudiantes expresó que siempre actuó «de buena fe» y no comprendía por qué se le estaba investigando. “Ella pensó que estaba tratando con una funcionaria de la universidad, y creía que la forma de solucionar su deuda era legítima”, habría declarado el estudiante en su defensa.
No obstante, el tribunal desestimó el recurso, confirmando las decisiones tomadas por la universidad. En su fallo, se indicó que las sanciones eran proporcionales a la gravedad de los hechos, y que los estudiantes habían actuado con “negligencia grave”.
Por otro lado, la UNAB también presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Centro Norte, donde detalló las alteraciones en el portal de pagos. En este contexto, se estableció que los involucrados utilizaron sus conocimientos del sistema para modificar las deudas, lo que en términos legales constituye un fraude informático.