Carolina Roldán es acusada de alterar un expediente judicial con información falsa sobre el entonces el año 2021, cuando Gabriel Boric era candidato a la presidencia. Mientras la Fiscalía pide 1.341 días de cárcel, la defensa alega que falta una diligencia clave que podría exonerar a la acusada de su participación en los hechos.
Una exfuncionaria del Poder Judicial identificada como Carolina del Pilar Roldán Berríos, enfrenta una compleja acusación penal por haber intervenido digitalmente una causa archivada por hurto en contra del actual presidente Gabriel Boric. La alteración, detectada en 2021, podría costarle a la acusada hasta 1.341 días de prisión, equivalente a tres años y siete meses.
La causa, que se remonta a los días en que Gabriel Boric era aún candidato presidencial, fue adulterada por Roldán utilizando su computador institucional. Según una investigación llevada adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), la funcionaria dejó un mensaje en un documento PDF cargado en el sistema judicial que decía “Por hurto en contra de Boríc (…) reemplazaron la documentación para que no se supiera que tenía, averigua”. Este mensaje fue incluido en un archivo que sustituyó al documento original firmado en 2005 por el fiscal Juan Agustín Meléndez, quien en su momento había decidido no investigar el caso.
La cronología de los hechos, reconstruida por los peritos de la PDI, narra que la noche del 27 de octubre de 2021, Roldán accedió desde su casa al sistema del Poder Judicial, y a las 22:03 horas, buscó en Google información sobre Gabriel Boric Font y accedió al sitio del Registro Civil para obtener su RUT. Posteriormente, a las 22:05, ingresó al sistema abierto de causas judiciales para revisar la documentación del expediente, y a las 22:12 creó un documento titulado “frase videollamada 2” y luego generó el archivo PDF que llamó “Boric”. Cinco minutos después, subió este último al sistema institucional, activando lo que sería una polémica de alto impacto.
El hecho fue descubierto tras su difusión por medios de comunicación, y al día siguiente, el 28 de octubre, Roldán habría intentado eliminar evidencia, enviando los archivos manipulados a la papelera de reciclaje de su computador.
En paralelo a la causa penal, el Poder Judicial inició una investigación administrativa que culminó con la remoción de Roldán. El tribunal de garantía de San Bernardo resolvió que ella era autora de faltas disciplinarias graves, específicamente por “uso indebido de medios tecnológicos y claves asignadas para la tramitación y sabotaje”.
Esta semana, el fiscal Milibor Bugueño González, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, presentó una acusación en la que solicita dos penas distintas para la acusada: 541 días de presidio menor en su grado medio por alterar datos en un sistema informático, como lo señala el artículo 3° de la Ley 19.223, que tipifica los delitos informáticos, y otra pena de 800 días más por acceder sin autorización al sistema judicial, y que se indica en el artículo 2° de la misma ley.
Más de una decena de funcionarios judiciales, tanto de tribunales capitalinos como de Punta Arenas, han sido citados como testigos en el proceso que se avecina.
Por su parte, la defensa de Roldán solicitó reabrir la investigación argumentando que está pendiente la reconstitución de escena que permita, en la que debe participar un informático y se debe hacer en presencia de Roldán, para así poder determinar quiénes accedieron o modificaron el expediente entre el 17 de marzo y el 3 de noviembre de 2021.
Para la defensa la diligencia es fundamental para descartar la existencia del delito por el cual fue formalizada Roldán, así como su participación en el asunto.
Mientras el Ministerio Público insiste en que hay pruebas suficientes para llevarla a juicio, la defensa espera que la diligencia pendiente pueda cambiar el rumbo del caso. De momento, la audiencia de preparación de juicio oral fue reagendada y se realizará el próximo jueves 22 de mayo.