La ciberseguridad se ha convertido en un bien público global, clave para la estabilidad política, económica y social. El crecimiento del cibercrimen y su impacto en la confianza ciudadana obligan a los Estados y empresas a tratar los activos digitales como infraestructura crítica. En Chile y la región, este desafío está redefiniendo la relación público-privada, y quienes lideren en confianza digital marcarán la competitividad y la solidez institucional del futuro.