Por Christian Navarro, Líder Comercial NIVEL4
La ciberseguridad se ha convertido en un bien público global, clave para la estabilidad política, económica y social. El crecimiento del cibercrimen y su impacto en la confianza ciudadana obligan a los Estados y empresas a tratar los activos digitales como infraestructura crítica. En Chile y la región, este desafío está redefiniendo la relación público-privada, y quienes lideren en confianza digital marcarán la competitividad y la solidez institucional del futuro.
Cada vez que la sociedad enfrenta una transformación tecnológica, el Estado y las empresas deben redefinir sus responsabilidades. Ese patrón se repite con más frecuencia desde la invención de la máquina a vapor y los ferrocarriles en la primera revolución industrial, y sucesivamente con la electricidad, la adopción de las líneas de ensamblaje, la irrupción de las telecomunicaciones, y más recientemente, con el acceso a internet y el masivo uso de correos, redes sociales, las IoT y de las IA Generativas.
Ya no hablamos de un problema técnico. Ahora estamos frente a un bien público global, cuya gestión condiciona la estabilidad de los países y la competitividad de sus empresas. Algunos días atrás el gobierno de Nepal precipitó su colapso por una medida que intentaba suprimir el uso de redes sociales, transformándose en el hecho más reciente del impacto político, social y cultural que puede ocasionar el uso de internet. Pero es otro el fenómeno que se ha convertido en el principal obstáculo para la estabilidad y el desarrollo competitivo, y la magnitud de sus consecuencia lo confirma: el costo del cibercrimen se proyecta en USD 10.5 billones anuales para 2025, una cifra que obliga a replantear la forma en que los Estados regulan y las compañías se gobiernan.
En Chile, como en el resto de la región, los incidentes informáticos no solo exponen a las organizaciones a pérdidas económicas, también impactan en la confianza ciudadana en los mercados e instituciones. Y esa confianza es, en última instancia, el cemento de la democracia y del desarrollo económico.
Lo anterior ha llevado a las sociedades a comprender los activos informáticos de las organizaciones como una infraestructura crítica, de igual importancia que los sistemas eléctricos o de transporte, y que requiere estándares mínimos, coordinación público-privada y marcos regulatorios que den certezas. Chile ya ha realizado importantes avances en ese sentido, con legislaciones, regulaciones y políticas nacionales, donde sistemáticamente se ha reconocido a la ciberseguridad como un factor de soberanía. Ya no se trata solo de proteger a una gran compañía o a un servicio público crítico: se trata de resguardar la autonomía estratégica de toda una región.
En este escenario, las empresas dejan de ser simples usuarias de normas para transformarse en actores de política pública. Un 89 % de los directorios en el mundo ya discute el riesgo digital como tema estratégico. No se trata de cumplir por obligación, sino de liderar un estándar de confianza que impacta más allá del balance financiero. La sostenibilidad ofrece un paralelo claro: primero fue un requisito regulatorio, luego una ventaja competitiva y hoy es un criterio central para inversionistas y consumidores. La ciberseguridad seguirá la misma trayectoria, y quienes se adelanten protegerán su negocio y tendrán más influencia en el diseño de las reglas del juego.
El riesgo digital también tiene una dimensión ciudadana y si la política pública no asegura estándares mínimos que garanticen el acceso a servicios básicos y la protección de sus ahorros y datos personales, la confianza en las instituciones se erosiona. Y cuando esa confianza se pierde, no solo se debilita la competitividad, se debilita la democracia misma.
La ciberseguridad es hoy una política pública de primer orden y, al mismo tiempo, una estrategia empresarial crítica. La frontera entre lo público y lo privado se diluye, porque el riesgo digital afecta tanto a un banco como a un servicio público, a una startup como a una universidad. En los próximos años la ciberseguridad definirá la competitividad de las naciones del mismo modo que la infraestructura energética lo hizo antes. Chile puede elegir ser consumidor de reglas ajenas o convertirse en exportador de confianza digital. Esa decisión marcará no solo el futuro de sus empresas, sino la solidez de sus instituciones.