Tras dos votaciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la propuesta. El proyecto, que ahora volverá a la Comisión de Futuro, busca regular y promover el desarrollo, implementación y uso de la IA, protegiendo los derechos fundamentales de las personas sin frenar la innovación.
Con 63 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que regula el desarrollo, uso e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en Chile. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, busca posicionar al país como pionero en la región con un marco normativo robusto y actualizado frente a uno de los mayores desafíos tecnológicos del siglo XXI.
La iniciativa fue elaborada tras más de dos años de trabajo conjunto entre el Gobierno, expertos, académicos, representantes del sector privado y la sociedad civil. “Este proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en Chile es el resultado de más de dos años de diálogo con diversos actores. Por el bien de Chile, de las personas y de las empresas, es fundamental seguir dialogando”, señaló el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, tras la aprobación.
El proyecto establece principios rectores como la supervisión humana, la ciberseguridad, la transparencia, la equidad social y de género, así como la protección de datos personales y del medioambiente. Estos valores serán la base para clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo, en una escala que va desde “sin riesgo evidente” hasta “riesgo inaceptable”, categoría que incluye tecnologías como la manipulación subliminal o el reconocimiento facial indiscriminado, que quedarán completamente prohibidas.
La propuesta también que la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), en formación, sea la encargada de velar por el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones, las que podrían llegar hasta las 20 mil UTM (más de $1.300 millones de pesos). Asimismo, se contempla la creación de un Consejo Asesor Técnico en IA con representantes del Estado, la academia, la industria y la sociedad civil.
Un punto destacado de la normativa es la creación de “sandbox” regulatorios, espacios de prueba seguros para el desarrollo de tecnologías emergentes, con especial atención a la inclusión de pymes y startups. Este enfoque busca fomentar la innovación local sin sacrificar la seguridad ni los derechos de las personas.
Pese al amplio respaldo, el proyecto ha generado un intenso debate político y técnico. Desde el oficialismo y el centro político se valoró que la regulación proteja a las personas y cuente con legitimidad técnica. En cambio, sectores de la oposición expresaron su rechazo por considerar que la iniciativa replica modelos europeos sin adecuarlos al contexto nacional. “Legislar no es copiar y pegar”, afirmó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), en referencia a lo que considera una sobrerregulación que podría frenar el desarrollo del ecosistema nacional de innovación.
En paralelo, gremios como FinteChile, ACTI y la Cámara Nacional de Comercio también han planteado reparos sobre la rigidez normativa y su posible impacto negativo en la competitividad regional.
Desde el Gobierno -que retiró la urgencia al proyecto- han reiterado su disposición a seguir perfeccionando la propuesta en las siguientes etapas legislativas. El ministro Aldo Valle dijo estar convencido “que la discusión que se viene en la Comisión de Futuro nos permitirá construir una ley de inteligencia artificial sólida y consensuada. Con apertura y trabajo conjunto, este proyecto puede transformarse en una herramienta ejemplar para proteger derechos y potenciar el desarrollo tecnológico del país”.
Tras esta aprobación en general, el proyecto vuelve a la Comisión de Futuro para su discusión en particular. Allí se podrán introducir nuevas indicaciones que aborden las críticas y permitan avanzar hacia una regulación equilibrada, moderna y efectiva.