Casi dos docenas de instituciones públicas, incluyendo la Agencia Nacional de Ciberseguridad, podrían verse afectadas por una posible suspensión en el uso de licencias de Microsoft, esto como consecuencia de una presunta estafa por parte de la empresa proveedora Saleem, situación que está siendo investigada desde hace algunos días por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
Más de 22 organismos públicos nacionales podrían verse afectados por una presunta estafa originada en el incumplimiento de contratos de software por parte de la empresa Salaam Desarrollos Eléctricos (SDE). Entre los organismos figuran el Servicio Nacional de Migraciones, caso conocido hace un par de semanas y que despertó las alertas, el Tribunal Constitucional -entidad que interpuso la denuncia por estafa- y hasta la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Centro Norte, abrió una investigación por presunta estafa, liderada por la fiscal Ximena Chong, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa presentar acciones civiles y penales.
El conflicto estalló públicamente luego de que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) alertara sobre la inminente suspensión de 300 licencias de Microsoft Office, claves para mantener operativos procesos como expulsiones, autorizaciones y tramitación con tribunales. El origen del problema está en una cadena de intermediarios. Sermig compró las licencias a Salaam, que a su vez dependía de Zona Portátil (ZP), un distribuidor mayorista que dejó de recibir los pagos. ZP amenazó con cortar el servicio -una medida que el Sermig calificó de “autotutela”-, lo que derivó en un recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Pero el Sermig no fue el único afectado. Días después se conoció que el Tribunal Constitucional denunció hechos similares con el mismo proveedor, señalando que apenas detectó la irregularidad dio término anticipado al contrato y notificó al Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y la Dirección de Compras sobre la situación. De acuerdo con investigaciones periodísticas de Informe Especial, de TVN, otras instituciones afectadas incluyen a la empresa Metro de Santiago, Cochilco, el Ministerio de Obras Públicas, Gendarmería, algunas universidades públicas, subsecretarías y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esta última entregó también los antecedentes al CDE para que patrocine las acciones penales y civiles correspondientes.
El modelo de negocios de Salaam está siendo cuestionado por tratarse de un revendedor de servicios. Según consta en los antecedentes judiciales, la empresa recibía pagos íntegros por contratos públicos, pero solo arrendaba mensualmente las licencias a través de ZP. La falta de liquidez de la empresa, que acumula deudas por más de 990 millones de pesos, provocó una reacción en cadena que terminó por exponer una frágil situación en el ecosistema digital del Estado.
Además del riesgo operativo para la Agencia Nacional de Ciberseguridad y todos los organismos públicos afectados, la suspensión abrupta del software pone en evidencia la fragilidad en la estructura de licitación y validación de proveedores del Estado, especialmente cuando se trata de sistemas que son esenciales para la continuidad operativa de estos servicios públicos.