La institución tomó una serie de medidas de mitigación respecto al incidente, lo que permitió al organismo continuar con sus operaciones.
El pasado lunes la Procuraduría General de Paraguay sufrió un ciberataque que afectó su plataforma web de administración de juicios. Como consecuencia del incidente, los atacantes tuvieron acceso a datos de usuarios y contraseñas de los funcionarios del organismo.
“Lo que ocurrió es el acceso a una plataforma de administración de los juicios. Es decir, los datos que la Procuraduría administra para hacerle un seguimiento a los juicios que están en sede judicial y extrajudicial donde tiene intervención la Procuraduría General de la República”, indicó Marco Aurelio González, titular de dicho organismo, a los medios de ese país.
El Procurador General de la República, quien asumió el cargo hace menos de una semana, aseveró que la institución tomó una serie de medidas de mitigación respecto al incidente. “Lo que se hizo fue bajar de la nube, resetear todas las contraseñas y luego volver a disponibilizar la información en la página web. Hoy todos los funcionarios han reseteado su contraseña y cuentan con una nueva”, explicó González.
Si bien la autoridad calificó el incidente como “grave” en tanto se pudo acceder a información sensible, posteriormente resto importancia al incidente. “En esta ocasión podemos decir que no fue tan relevante, pero debe despertar el interés para cuidar los riesgos en todos los niveles, sobre todo en las que hay información sensible, eso es un desafío”, fueron las palabras del Procurador.
La procuraduría señaló que tras lo acontecido se pusieron en contacto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de ese país, para gestionar un modelo que permita reforzar la seguridad informática del organismo, y también con el propósito que sea ésta entidad la que se encargue de investigar e identificar quienes están detrás del incidente.
El ciberataque se produjo a días después de conocerse un decreto del ahora expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez, firmado el último día de su gestión (el 14 de agosto), en el que advirtió sobre potenciales riesgos de ciberseguridad en las instituciones públicas del país. En dicha orden presidencial, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y el Mitic fueron designadas como las entidades a cargo de verificar y proponer medidas de protección de la información.
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