El pasado martes, y tras dos horas de debate, el Tribunal Constitucional rechazó con fallo dividido de 5 a 3, el requerimiento del Senado de la República que pedía dejar sin efecto la Comisión contra la Desinformación que impulsa el gobierno.
Por la opción de rechazar el requerimiento se prinunciaron cinco magistrados: Nancy Yáñez (quien además es Presidenta del tribunal), Nelson Pozo, Daniela Marzi y María Pía Silva, además de la ministro suplente, Natalia Muñoz. A favor del requerimiento del Senador se pronunciaron los magistrados Miguel Ángel Fernández, José Ignacio Vásquez y Cristián Letelier.
La Comisión Asesora contra la Desinformación fue creada en mayo pasado y, de acuerdo al decreto por la que se conduce, indica que es de carácter temporal y tiene como objetivo asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra de la Secretaria General de Gobierno en materias relacionadas con el análisis del fenómeno global de la desinformación y su desarrollo en el territorio nacional.
La comisión aborda 5 temáticas: el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia; la educación y desinformación, y la alfabetización digital; la desinformación en plataformas digitales; las buenas prácticas internacionales a partir de la experiencia comparada; y las políticas públicas y desinformación.
Este órgano es presidido por la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, y está integrado por nueve expertos de universidades, todos ellos designados por el gobierno. A la fecha ha sesionado en tres oportunidades y se espera que evacué un primer informe a fines de este mes de agosto.
La creación de la comisión ha generado un intenso debate político por sus potenciales alcances, e incluso genera división en el propio oficialismo donde cuenta con el apoyo político del bloque de Apruebo Dignidad, pero es fuertemente resistido por una parte del socialismo, como ocurrió con el pronunciamiento de, entre otros, el Senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti en la comisión de Constitución del Senado hace algunas semanas atrás.
Otras personalidades también han criticado su creación. Entre ellos destaca el periodista Santiago Pavlovic, quien señaló que la iniciativa no aporta a la libertad de expresión en Chile y que, más bien, es un peligro para ella, algo en lo que coincidió la Sociedad Iberoamericana de Prensa.
El principal argumento esgrimido por el Senado frente al tribunal constitucional para solicitar su requerimiento contra la comisión se fundamentó en que, al tratar materias que pueden afectar derechos fundamentales como es la libertad de expresión, sería inconstitucional, y en cualquier caso, esa potestad recaería en el Congreso. Además, señalaron que el término “desinformación” es amplio, general y no se encuentra legislado previamente.
Los representantes del gobierno rebatieron el argumento señalando que en Chile han existido múltiples comisiones similares, como la Comisión Rettig, la Comisión Marcel y la Comisión Engel, y todas éstas han cumplido labores prelegislativas, como lo fue en el caso de la comisión para establecer delitos del código penal.